La portada de El Nuevo Día de su primera edición el pasado enero publicó “Puerto Rico entra al 2023 en busca de una visión de país”.

Un rápido recuento de eventos importantes del año nos debe responder si conseguimos encaminarnos hacia la creación de un nuevo país.

El año comienza con el cierre del puente atirantado en Naranjito debido a sus peligrosas condiciones estructurales. El Gobierno conocía sobre sus defectos en la estructura que se inauguró velozmente antes de las elecciones de 2008.

EL Gobierno no reclamó al contratista, un inversionista político.  No adjudicó responsabilidades ni investigó las problemáticas del puente de $31 millones.

Se reveló que la AAA pierde el 65% del agua que produce.

Un informe del Comisionado de Seguros identifica un oligopolio en la industria de la salud con una concentración en planes médicos en la isla más la carencia de especialistas. Esto ha impedido la negociación colectiva de tarifas en detrimento de proveedores y pacientes.

Una nueva ley permite a más ciudadanos armarse ante la impotencia del Estado de ofrecer protección adecuada. Desde 2020 se han recibido 158,000 solicitudes de portación en comparación con 98,000 durante las pasadas dos décadas.

Un estudio de la ONU refleja que la clase envejeciente de la isla aumenta, alcanzando la posición #7 en el mundo en términos de la proporción de personas de 65 años o más en relación con su población.

El exalcalde PNP de Guaynabo, Ángel Pérez, es encontrado culpable por delitos de conspiración, soborno y extorsión. El alcalde PPD de Ponce, Luis Irizarry Pabón, es suspendido, uniéndose al grupo exclusivo del también suspendido alcalde PPD de Mayagüez, José Guillermo ‘Guillito” Rodríguez.

Los primos del gobernador, Eduardo y Walter Pierluisi, se declaran culpables de defraudar al Gobierno federal. Multan a los suegros de la comisionada residente PNP, Jennifer González, por destrucción ambiental en La Parguera.

Se expiden multas contra el desarrollador del proyecto de la cueva Las Golondrinas.

El nuevo Congreso controlado por los republicanos confirma su falta de interés en proyectos de estatus. Los delegados por la estadidad reconocen el freno republicano a sus labores.

Los exgobernadores responsables de la crisis del país validan su derecho vitalicio a disponer de carro, chofer, oficina, secretaria, y cinco de los siete exgobernadores, a escoltas 24-7 con carros. Son privilegios de los que no goza ninguno de los exgobernadores estadounidenses.

La judicatura clama y justifica un aumento de sueldo mientras el resto de los servidores públicos se resignan a sus escalas salariales.

El condado de Duval en la Florida, en una medida claramente racista, retira de circulación libros de Roberto Clemente y Sonia Sotomayor de sus textos educativos.

Joseph González, jefe del FBI en PR, admite a El Nuevo Día que “nunca se va a acabar la corrupción en Puerto Rico”. Evadió comentar sobre la corrupción en Nueva York y Washington.

El Gobierno federal investiga la pérdida de miles de dólares en comida para escuelas, por el desperdicio de carnes, pollos, vegetales, leches y jugos.

Agentes federales clausuran el zoológico de Mayagüez ante la ineptitud del Gobierno local de ni siquiera poder administrar a los animales.

El Primer Circuito de Boston reafirma que la Reforma Laboral de 2022 es nula, lo que perjudica a todos los empleados de la empresa privada.

Los federales investigan el aumento dramático de lavado de dinero en Puerto Rico.

El Tribunal Supremo federal revoca al Tribunal de Primer Circuito y decide que la Junta Fiscal tiene inmunidad soberana y está por encima del derecho constitucional de PR de acceso a información pública. O sea, la Junta responde al Omnipotente y no tiene que informar ni justificar sus gastos pagados por el pueblo de Puerto Rico.

A estos eventos se suman las luchas en las entrañas de los dos principales partidos por asumir su liderazgo y los cargos de poder para repartir el botín político.

Al concluir el 2023, ¿estamos en una mejor posición para emprender el 2024?