Por Ángel Collado Schwarz
(Artículo aparecido en El Nuevo Día)
El presidente estadounidense, Franklin D. Roosevelt, afirmó que la principal obligación de un hombre de Estado es educar.
Para Robert M. Gates, exdirector de la CIA y exsecretario de Defensa bajo los Gobiernos de George W. Bush y Barack Obama, la razón principal de la disfunción del Gobierno en Washington y de una política exterior improvisada e inentendible es la falta de educación de los políticos estadounidenses y de sus electores. Para Gates, los presidentes recientes y la mayoría de los congresistas han fallado en su obligación de educar.
La situación se complica cuando las minorías imponen su criterio a las mayorías. Fue el caso de un puñado de congresistas republicanos que, al expulsar a su recién nombrado “Speaker”, Kevin McCarthy, paralizaron al Congreso por varias semanas.
Igualmente sucede cuando unos jueces del Tribunal Supremo revisan decisiones e imponen sus criterios particulares violentando arbitrariamente el consenso de la mayoría del pueblo.
En Puerto Rico, Luis Muñoz Marín trató de educar al pueblo sobre la integridad del voto, la ética del trabajo, el sistema de mérito para los trabajadores del sector público, y la minimización de las transferencias federales y la deuda pública. Durante sus dieciséis años en la gobernación, fue consistente en llevar estos mensajes al país. Desgraciadamente, estos fueron paulatinamente olvidados por las nuevas generaciones.
La educación fue una de las prioridades del Gobierno de Muñoz Marín como lo evidencian la excelencia alcanzada por la Universidad de Puerto Rico; la inserción del país en el mundo cultural mundial mediante el Festival Casals, el Conservatorio de Música y la Orquesta Sinfónica; y el lanzamiento de una de las primeras emisoras educativas radiales y televisivas del mundo, entre otros logros.
En el tema del status político no se tuvo el mismo acierto. Por el contrario, se deseducó al pueblo creando una percepción que el tiempo desenmascaró. Roberto Sánchez Vilella aseveró que existían dos discursos: uno para la metrópolis y otro para el pueblo.
Lo ilustra ejemplarmente el nombre del Estado Libre Asociado. Tuvo que traducirse creativamente como “Commonwealth”, ya que el Congreso no aprobaría un “Free Associated State”.
Mientras en Puerto Rico se vendía el ELA como un pacto entre iguales y un evento descolonizador, Muñoz Marín y Fernós Isern aseguraban al Congreso que con el “nuevo status” nada cambiaba.
En la actualidad, los líderes políticos no solamente fallan al no educar al pueblo; también comunican mensajes que expresamente deseducan. Así lo hacen al describir el ELA como lo mejor de dos mundos, o al alegar que decisiones recientes del Tribunal Supremo federal confirman la validez del ELA no colonial. Invocan a un “ELA mejorado” que la metrópolis no reconoce.
Sobre la anexión, el caso es más absurdo aún. El liderato político asegura que la estadidad se encuentra más cerca que nunca pese a que los portavoces de la mayoría y la minoría en el Senado ni si quiera quieren discutir el asunto. No se puede olvidar cuando el gobernador Ricky Rosselló aseguraba al pueblo que la estadidad llegaría antes de terminar su cuatrienio.
Los independentistas han fracasado en cambiar la percepción de que la independencia es sinónimo de comunismo. La mayoría de los países soberanos del mundo tienen economías de mercado y son de corte democrático.
Los políticos que favorecen la anexión o la colonia han puesto todo su esfuerzo en deseducar al pueblo sobre otras posibles opciones.
Presenciamos el epitome de la deseducación ejercida por los políticos de los dos partidos controladores cuando obstaculizan mediante legislación y decisiones de los tribunales que el pueblo pueda evaluar nuevas opciones para el país. Una clase política responsable ilustraría al pueblo sobre sus oportunidades en lugar de obstruir la educación y simultáneamente deseducar para proteger sus intereses particulares.