Una de las consecuencias de la incapacidad del bipartidismo es la complacencia ante la dejadez del Gobierno en utilizar fondos efectivamente para el bienestar del pueblo.

Recientemente el gobernador responsabilizó a la legislatura por la pérdida de entre $50 y $100 millones en fondos federales ante la tardanza que tuvieron en aprobar un proyecto de ley que garantizaba el cumplimiento del gobierno local con lay federal Family First Prevention Services Act (Familty Act).

Este ataque surge luego de las declaraciones de la secretaria interina del Departamento de la Familia confirmando que la agencia perdió el derecho a reclamar al gobierno federal las millonarias asignaciones bajo la ley federal que ayuda a fomentar la unidad familiar, a través de múltiples servicios como destrezas de crianza, ayuda en salud mental y la adicción para que los menores se puedan quedar, siempre que se pueda en el hogar.

Uno de los problemas principales del país es la criminalidad y el uso de drogas entre los jóvenes, producto de una sociedad que no provee recursos para complementar la educación en las escuelas con trabajadores sociales. La labor de los maestros de escuelas solamente se suscribe al horario escolar. El mismo tiene que ser complementado con la labor de los trabadores sociales.

Puerto Rico todavía cuenta con un ejército de formidables trabajadores sociales esperando por los recursos necesarios para emprender su quijotesca y noble encomienda.

Por eso es irresponsable y bochornoso que el liderato de los dos principales partidos políticos se echen la culpa uno a los otros y no asuman la responsabilidad y acepten que al final, su dejadez e indiferencia le falló al pueblo. Más aún en un momento cuando los niños del país no se han recuperado emocionalmente de los efectos de la pandemia y el encerramiento forzoso.

La secretaria del departamento despacha el asunto comentando “lo del pasado es del pasado, eso lo perdimos. Eso ya no lo podemos reclamar.”

El presidente del Senado comentó que esta pérdida era el resultado de una combinación de dejadez del gobierno y obstaculización de representantes del PNP con el lenguaje del proyecto de ley.

Anteriormente el gobierno había solicitado prórroga para someter plan de acción con fases y métricas de cumplimiento con la ley federal. Esto obviamente no era una prioridad para el gobierno.

La pregunta es si estos fondos eran tan necesarios para el pueblo, ¿por qué el gobernador no emplazó públicamente a los legisladores para que aprobaran la ley antes de que venciera el término y se perdieran los fondos?

Es impensable que teniendo un problema tan serio como el que atraviesan las familias de pocos recursos en Puerto Rico y teniendo los fondos federales disponibles para atender el problema, la incapacidad del bipartidismo traicione el mandato que les otorgó el pueblo.

Si bien este caso reciente es alarmante, no es uno aislado. Recientemente se anunció que el Departamento de Agricultura Federal ha comenzado una investigación sobre la pérdida de más de $400,000 en alimentos congelados del Departamento de Educación en la región de Ponce. Esto representó el decomiso de alimentos que incluyen carnes, pollos, vegetales, leche y jugo.

En 2022 la Administración de Vivienda Pública se vio forzado a devolver al gobierno federal $85.2 millones de los $325 millones asignados como parte del Emergency Rental Assistance Program.  La devolución se debió a que no se utilizaron los fondos para proveer ayuda para el pago de atrasos de renta de vivienda alquilada y de luz y agua.

A esto le podemos añadir los millones de fondos asignados como resultado del huracán María en 2017 todavía no utilizados.

La tragedia de esta incapacidad de utilizar fondos efectivamente es que coarta el interés del gobierno federal en asignar fondos necesarios, debido a que a juzgar por las ejecutorias del gobierno, no se necesitan.