El sistema de mérito surgió en el Gobierno de China en los años antes de Cristo (AC).  La gran aportación de China a la cultura universal ha sido la invención del funcionario meritocrático. Los chinos establecieron una burocracia eficiente, abierta y secular, seleccionada con criterios de talento, el mérito y la erudición. Este sistema no solo logró la permanencia y el florecimiento del Imperio chino durante 2000 años, sino que acabó siendo imitado en el Occidente.

Actualmente, el Gobierno chino recluta automáticamente a los mejores estudiantes graduados de sus universidades. O sea, el servicio público chino está integrado por las mejores mentes de su población.

Los principios básicos del sistema son exámenes de competencias para entrar al sistema, promociones y penalidades basadas en el desempeño, y la protección contra acciones basadas en presiones político-partidista.

En los Gobiernos europeos y en Estados Unidos existen sistemas de mérito que se utilizan para reclutar, promover y transferir a empleados públicos mediante exámenes y evaluaciones objetivas.

Cuando surgen cambios de gobierno como resultado de elecciones, la mayoría de los empleados públicos no son afectados por los cambios. Solamente algunos puestos de confianza cambian con los nuevos líderes del Gobierno. Esto asegura la continuidad y la calidad de los servicios al ciudadano.

En Puerto Rico, hasta la década del setenta, existía un sistema de mérito en el Gobierno y los empleados públicos se sometían a exámenes para su reclutamiento y promoción. Se trataba de reclutar al mejor talento aunque no hubiera votado por el gobernador y simpatizara con el partido de oposición.

Dos casos se destacaron: cuando el gobernador Luis Muñoz Marín nombró a Sol Luis Descartes como secretario del Departamento de Hacienda en 1949 y al Dr. Guillermo Arbona como secretario del Departamento de Salud en 1957. Ambos le advirtieron al gobernador que no habían votado por él y que no eran miembros del PPD.

La Autoridad de las Fuentes Fluviales era la “joya de la corona” con una cantera de empleados profesionales y una Junta de Directores integrada por personas altamente cualificadas.

En la década del setenta, cuando comenzó la puerta rotativa del poder entre el PPD y el PNP, se olvidó el sistema de mérito y se escaló el batatismo partidista o partidocracia en su más cruda y burda expresión. Comenzaron las maquinarias políticas en las agencias públicas a recaudar fondos para las campañas y la movilización electoral.

El partido que triunfa en las elecciones premia a sus ejércitos partidistas en las agencias públicas proveyéndoles el control de las agencias, promociones y el aislamiento, opresión, y discrimen a los pertenecientes del otro bando.  En ocasiones a estos se les destierra dentro de la misma agencia, sin trabajos que realizar, y son repudiados como si tuvieran lepra. Todo hasta las próximas elecciones cuando la situación podría invertirse.

Este pudrimiento partidista validado por el PNP y PPD va en contra de todos los principios de sana administración pública.  Un sistema así tiene un alto costo para el erario, pues duplica el recurso humano para una función que una sola persona competente podría hacer.

Este sistema tiene también un grave efecto sicológico en los empleados afectados al ser humillados y reubicados físicamente en rincones inhóspitos.

Otro efecto devastador es el costo de las demandas judiciales. Entre el 2005 y el 2015 se sometieron más de 200 reclamaciones por discrimen político en las cortes federales en Puerto Rico.

Recientemente 109 exempleados del Capitolio ganaron una demanda de casi $10 millones por discrimen contra los expresidentes Eduardo Bhatia y Jaime Perelló. En 2013 los líderes legislativos despidieron a todos los empleados de quienes sospechaban que fueran del PNP.

Se estima que durante las últimas décadas, estas demandas le han costado al erario cientos de millones de dólares.

El PNP-PPD obstaculizan la implementación de un sistema de mérito para los empleados públicos ya que va en contra de sus intereses de retener el poder político a cualquier costo sin importar el bienestar público.