La dependencia de Estados Unidos comenzó a principios del siglo 20. Fue consecuencia del colapso económico que sobrevino la devaluación del peso puertorriqueño y a la transformación de una economía sin deuda pública y autosuficiente alimentariamente en una de monocultivo del azúcar para exportación a un solo mercado.

La publicación “Puerto Rico: A Broken Pledge”, de Bailey y Justine Diffie en 1931, relata cómo Estados Unidos incumplió su promesa con Puerto Rico arrastrando a la isla a una situación peor que cuando la invadió en el 1898.

Tras el proceso evolutivo de la economía, de agrícola a militar y luego a industrial, finalmente Puerto Rico logró una autonomía fiscal en 1952, que en el 2016 fue revocada.

 Hasta finales de la década del sesenta, la política pública del Gobierno de Puerto Rico se cifraba en minimizar las transferencias federales y la deuda pública. Estos recursos se utilizaban para proyectos específicos de infraestructura, cónsonos con el plan de desarrollo económico.

Al finalizar la década, el total de transferencias federales alcanzaban menos del 7% del Ingreso Nacional Bruto (INB). La mayoría las recibían directamente los individuos, y de ellas, el grueso era el producto de derechos adquiridos (seguro social, medicare, veteranos).

A principios de la década del setenta, la política pública de minimizar la dependencia federal fue abandonada con la introducción de los cupones de alimentos y las becas estudiantiles.  Estos programas formaban parte del “Great Society” del presidente Lyndon B. Johnson.

Para la década del ochenta, el total de transferencias federales alcanzó 24% del INB, más del triple del 7% registrado dos décadas antes. En años recientes, como consecuencia de los huracanes, sismos y la pandemia, la cifra ascendió temporalmente a un 30% del INB.

La contracción económica de Puerto Rico comenzó en el 2006 coincidiendo con la terminación de los beneficios de la sección 936 del Código de Rentas Internas y sin un nuevo plan económico para sustituirlo.

La propia Junta de Supervisión Fiscal estima que si se restan los fondos federales del Producto Nacional Bruto, Puerto Rico apenas creció un 1% en 2021 y durante el 2022 la economía decreció en un -0.4%. Se proyecta que entre 2023 y 2025, si no contara con los fondos federales, la economía se contraerá.

Esta adicción a la dependencia termina teniendo un efecto nefasto en la actitud de superación de los ciudadanos, porque crea complacencia y desmotiva que el trabajador se supere y busque oportunidades.  Genera una alta tasa de desempleo que impacta la autoestima de los afectados.

Es más fácil para los políticos locales contratar cabilderos y contribuir financieramente a las campañas de los congresistas responsables de aprobar asignaciones para su territorio que someter proyectos de desarrollo económico.

Tanto el PNP como el PPD han sido cómplices en sustituir la política pública de desarrollo y crecimiento económico por una de dependencia de fondos federales.

Otro tipo de dependencia que desalienta el empresarismo local es el posicionamiento de Puerto Rico entre los líderes internacionales como paraíso fiscal generando ganancias a corporaciones extranjeras sin crear actividad económica local. Un total de $30,000 millones anuales de ganancias se transfieren a fuera de Puerto Rico (algunas declaradas pero no generadas aquí). Esta cacería de ganancias no está atada a la creación de empleos.

Según el estudio “Global Profit Shifting 1975-2019” del World Institute for Development Economic Research del United Nations University (2022), Puerto Rico sobresale con un porcentaje excepcionalmente alto (1600%) en la relación entre beneficios y salarios (profit-to-wage ratio) de las empresas extranjeras.  En el caso de las firmas locales es de un exiguo 50%. 

Este contraste dramatiza el desface de una estrategia financiera sin vinculación con el desarrollo económico.

La dependencia no puede ser la base del modelo económico de un país. Genera un ambiente de incertidumbre para inversionistas extranjeros y locales. Puerto Rico debe priorizar el desarrollo y crecimiento económico, fundamental para el futuro de la isla en cualquiera de las posibles opciones de status viables.