La corrupción en el Estado no es un fenómeno moderno. Según el profesor Francis Fukuyama, depende de distinguir lo público de lo privado. El origen de la corrupción en Occidente se remonta a los siglos 17 y 18 cuando en Prusia se comienza a diferenciar entre los intereses privados y los públicos.

 Anteriormente los gobiernos eran patrimoniales. Los príncipes eran los dueños de los territorios y los trataban como si fueran sus bienes privados. Por tanto, no había intereses entre qué distinguir.

El problema surge con la apropiación de recursos públicos para ganancias privadas.

El fenecido amigo y expresidente del Banco Mundial, James Wolfensohn, en un discurso en 1996 apuntó al cáncer de la corrupción como un serio impedimento para el desarrollo económico de los países.

Según el Banco Mundial, existe una fuerte correlación entre la eficiencia del gobierno y el control de la corrupción. Los gobiernos corruptos tienen problemas en prestar servicios, hacer cumplir las leyes y representar el interés público.

La corrupción impide el desarrollo por varias razones. Primero, distorsiona incentivos económicos desviando recursos hacia los bolsillos de los oficiales con poder político para extraer sobornos, en lugar de dirigirlos a usos productivos. Segundo, la corrupción actúa como un alto impuesto regresivo cuando la mayoría de los fondos malversados paran en manos de la elite que usa sus cargos de poder para extraer riquezas del Estado y del pueblo. 

La corrupción es muy dañina para el orden político. La percepción de que los oficiales gubernamentales y los políticos son corruptos disminuye la legitimidad del gobierno ante los ojos del ciudadano común y mina su confianza, crítica para la operación eficiente del Estado.

Puerto Rico no ha entendido que su desarrollo socioeconómico está estancado hasta tanto se controle la corrupción, que emana de los más altos niveles del gobierno hasta infectar los municipios, la legislatura, la judicatura y el gobierno federal.

A pesar del incremento en acusaciones y convicciones por parte del Gobierno federal, oficiales del sector público y los políticos se sienten inmunes a estas gestiones y piensan que nunca los atraparán.

Políticos tanto del Partido Nuevo Progresista como del Partido Popular Democrático han sido acusados, destituidos y convictos de actos de corrupción. Lo que apenas ha sucedido es la convicción en el sector privado de quienes son utilizados como testigos para atrapar a los políticos, mientras que a estos los dejan en libertad para continuar sus actos delictivos.

El soborno tiene dos protagonistas: el sobornado y el sobornador.

 La corrupción está presente en todos los sectores del país: ha trascendido el gobierno y el sector privado, e incursionado en los medios de comunicación, las iglesias, las universidades privadas, los sindicatos y las instituciones sin fines de lucro.

La Transparency International, en su clasificación (2021) de niveles de percepción de corrupción en el sector público, cataloga a Estados Unidos en la posición número 28 entre 180 países del mundo.

Entre los países con mejor clasificación que nuestra metrópolis, como modelos para emular, figuran: Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, Singapur, Canadá, Irlanda, Estonia, Uruguay y Chile.

En Estados Unidos la corrupción es patente en su capital y en su principal ciudad. En Washington D.C. el sistema de cabildeo legaliza la corrupción. En la ciudad de Nueva York es casi imposible conseguir permisos gubernamentales sin reclutar a un cabildero o gestor que ayude a conseguir los permisos y obtener contratos.

En Puerto Rico, los dos partidos que han controlado el poder político desde mediados del siglo 20 protagonizando la corrupción gubernamental obstaculizan reformas a la Ley Electoral que permitirían nuevas opciones políticas como las alianzas que se conciertan en la mayoría de las democracias del mundo.

Con esta estrategia, el PNP y el PPD ayudan a institucionalizar la corrupción, impiden el desarrollo económico y marginan al país de las tendencias internacionales democráticas surgidas en Francia, España, Chile y Colombia. A la inversa, lo ubican junto a Perú, donde el Congreso gobierna a espaldas de los mejores intereses del pueblo.